La historia es una larga cadena de reflexiones

Cualquier idea se sustenta sobre la base de otra idea anterior. Así, en cuanto se presenta una idea, ésta será contradicha por otra, produciéndose una fusión entre dos maneras opuestas de pensar. Esta tensión se anulará en cuanto surja una tercera idea, que recoja lo mejor de los puntos de vista de las dos precedentes. A esto Hegel lo llama evolución dialéctica. 

Jostein Gaarder
Ilustración The Wall Shop

El primer paso es el último

Krishnamurti
Ilustración de Janine Sommer

Rajoy inaugura la campaña

Mariano Rajoy ha anunciado en pocas horas la fecha de las próximas elecciones generales y las bases del discurso político del PP para abordarlas. Un canal de televisión privado fue el escenario del primer anuncio; y un mitin ayer en Valencia, la comunidad más castigada por la corrupción y la pérdidas electorales, el escenario del segundo. Empieza la campaña al parecer sin demasiados escrúpulos.

De momento sin escrúpulos y sin mensaje político elaborado. Ayer llamó la atención especialmente la ligereza del discurso y el uso excesivo de frases hechas cuyo sentido puede ser fácilmente revertido y utilizado contra el mismísimo PP. 

Dice Mariano Rajoy: 1) Los otros gobiernos dan síntomas de intervencionismo y de mermas de libertad. 2) Las cosas no se arreglan ni con ocurrencias ni con eslóganes. 3) Hace falta mucha pedagogía y demostrar las falsedades que se repiten con demasiada intensidad. 4) Gobernamos mejor porque nuestras ideas son mejores. 5) Gente que no asume responsabilidades y le echa la culpa a la derecha. 6) No se puede mantener lo público arruinando lo privado.

Ni lo contrario, no se puede mantener lo privado arruinando lo público.

Sin escrúpulos, sin mensaje y ¿sin proyecto? El presidente considera que el proyecto y principal objetivo de los próximos años será la economía. Sin embargo, no hay que ser muy espabilado para sospechar que, con toda probabilidad, la fórmula mágica de la reactivación económica continuará siendo la austeridad para la mayoría y la generosidad para los que en gran parte fueron responsables de esta crisis.

Por el momento desconocemos el proyecto pero ha quedado clara la ligereza del partido del gobierno en el inicio de esta campaña. La nueva presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, quiso sintetizar con dos palabras su mensaje principal: “Perdón y gracias”. Pero Rajoy, raudo, vino a proclamar a viva voz que Los errores no los vamos a repetir jamás, ni aquí ni en ningún otro lugar de España... Menuda osadía. 

Hay que reconocer que los políticos tienen que hacer un verdadero esfuerzo para reponerse de sus errores y seguir diciendo este tipo de cosas en campaña. Pero a diferencia de otros muchos, ellos cuentan con un entorno bien entrenado que les proporciona la dosis de vanidad necesaria para recuperar el ánimo. En cambio, los ciudadanos que se proponen esquivar diariamente el pozo profundo de la desafección y la incredulidad política, sólo cuentan con su capacidad para cultivar la más sublime de las virtudes, la santa paciencia. Y no sólo en campaña.

Ilustración de Terry Fan

Democracia y consecuencias

La idea de fondo del president Mas para completar el proceso soberanista tras la consulta del 9N resulta impecable: unidad de fuerzas cívicas y políticas para conseguir una victoria clara, rotunda y sin ambigüedades. Una victoria que permita a las fuerzas independentistas, en una breve legislatura (18 meses), crear las estructuras de estado y la constitución catalana necesarias para la proclamación de la independencia. Sin duda, la propuesta de Mas es un experimento democrático que aporta una propuesta concreta de especial interés: aparcar la lucha partidista, por una vez y por poco tiempo, para concentrar los esfuerzos en un objetivo común.

Veremos estos días a los partidos independentistas enfrascados en el empeño de encontrar la mejor fórmula posible para configurar esa unidad. Pero al margen de los detalles de la fórmula final, será difícil que las fuerzas independentistas ignoren la premisa básica que flota en el ambiente: compromiso de unificar fuerzas y esfuerzos en un momento trascendental. Hay que contar, por tanto, con la posibilidad de que las elecciones plebiscitarias se convoquen en breve. Mas ha condicionado esta convocatoria a la creación de al menos una lista unitaria con clara capacidad de victoria. 

También es previsible que PP y PSOE mantengan su posicionamiento actual en relación a Catalunya hasta pasadas las elecciones municipales de mayo y las generales de noviembre de 2015. En los próximos doce meses, el PP se mostrará especialmente reticente a iniciar cualquier tipo de contacto con las fuerzas independentistas catalanas por considerar que nada bueno le puede aportar. El inmovilismo practicado hasta ahora por Mariano Rajoy ha sido diseñado para obtener réditos políticos, no para la resolución del problema; por tanto, ahora más que nunca lo mantendrá y lo ensalzará. Por su parte, el Partido Socialista, más allá de las proclamas del estilo Catalunya, t’estimem, tampoco parece muy predispuesto a tomar la iniciativa y definir con mayor claridad y exactitud su modelo federal por el temor a que sus propuestas se diluyan como un azucarillo. 

Así pues, parece lógico pensar que ambos partidos mantendrán hasta finales de 2015 las premisas que hasta ahora han mantenido inalterables: unidad de la nación española, y rechazo al derecho a decidir y a la autodeterminación de Catalunya. Siendo optimistas, podríamos pensar en un posible acercamiento entre unionistas e independentistas en el año 2016, coincidiendo con la fase final de la breve legislatura del gobierno unitario catalán que surgirá de las próximas elecciones anticipadas. Para entonces dicho gobierno tendrá preparada su propuesta de estructuras de estado y constitución catalana para someterlas a consideración del pueblo catalán.

Sin duda éste puede representar un momento de máxima tensión para la sociedad civil catalana y, por primera vez, también para la sociedad civil española. Para los ciudadanos españoles esta ocasión podría suponer un punto de inflexión decisivo ante la constatación del riesgo real de alejamiento de Catalunya.

La sociedad española podría mostrar los primeros síntomas del interés que supone para el Estado español el reconocimiento de la singularidad de Catalunya. Y esta predisposición de los ciudadanos españoles a dar pasos en este sentido se puede convertir en el desencadenante del brote de actitudes más constructivas en los partidos unionistas. En ese caso, estos partidos se verían abocados a reaccionar ante una sociedad civil española con ganas de expresarse y ser escuchada, de la misma manera que lo hizo Artur Mas ante la sociedad civil catalana en el año 2011.

El cambio de percepción sobre el problema catalán por parte de la sociedad civil española podría reorientar el nacionalismo español esencialista practicado hasta ahora hacia tesis más pragmáticas y abiertas. Este factor y la ausencia de comicios electorales en el corto plazo podrían incentivar la toma de decisiones nuevas por parte de los partidos mayoritarios españoles, decisiones como el reconocimiento del derecho a decidir de Catalunya y el avance de su autonomía. 

Así pues, no hay que descartar la posibilidad de que finalmente el gobierno de España acepte la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya y formule una contraoferta alternativa a la independencia. Ambas opciones acabarían siendo sometidas a consideración del pueblo de Catalunya gracias a la perseverancia y el entendimiento de la sociedad civil catalana y española.

Sería el momento de la tercera vía, el acercamiento, el diálogo y el pacto que tanto y tantos hemos deseado. Silenciada hasta ahora en el enfrentamiento de las posiciones extremas, la tercera vía aparecería entonces como síntesis de lo posible.

Con independencia del resultado final del referéndum, lo relevante de la experiencia sería el avance que este proceso supondría para la cultura política del país y la calidad de su democracia. Catalunya formaría parte o no de España, no por mandato de la Constitución de 1978, aprobada en difíciles circunstancias al final de una dictadura, sino por decisión libre, sin coacciones  ni amenazas, de sus ciudadanos. Entenderíamos por fin que nada es intocable y que no basta con invocar retóricamente la democracia sino que hay que asumir sus consecuencias. Para entonces, es posible también que hayamos entendido que, sea cual sea el futuro que nos espera, nada es tan grave, ni hay para tanto. 

Ilustración: José Eduardo Benito
Lectura recomendada: "Sobre el nacionalismo español", Carlos Taibo. La Catarata, 2014.
Reforma constitucional: 2016 puede ser demasiado tarde, de José Oneto, 8 de diciembre de 2014

Europa recomienda más democracia local

El pasado mes de marzo, el Consejo de Poderes Locales  y Regionales del Consejo de Europa aprobó un informe en el que analiza el estado de la democracia local y regional en España. De forma habitual, el Consejo elabora este tipo de informes para cada uno de los estados miembros, y este año su aprobación ha sido especialmente oportuna  al coincidir con el debate de la Ley de la Reforma Local.

Las aportaciones de Europa al debate se concretan en una serie de valiosas recomendaciones, todas ellas elaboradas en la distancia que separa Europa del apremio de nuestros municipios, y concebidas bajo la perspectiva general que tiene de las administraciones locales europeas.

Algunas de estas recomendaciones han sido erróneamente obviadas por los legisladores españoles, y configuran, a escasos días de la entrada en vigor de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una incipiente hoja de ruta para el futuro de los municipios.

Si bien es verdad que el informe admite que España cumple, en general, con las obligaciones que adoptó en 1988 con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local, reconoce también las graves deficiencias que la reciente reforma no ha considerado suficientemente.

Una de ellas es la falta de precisión en la distribución de competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de administraciones públicas. Europa insiste en este particular déficit nuestro y reitera la idea de que el solapamiento competencial es causa evidente de pérdida de recursos económicos y de ineficacia en la prestación de servicios. Para evitarlo propone  dos caminos: clarificar de una vez por todas el mapa competencial de las administraciones públicas y transferir los recursos financieros disponibles de conformidad con dicho mapa. El informe reitera especialmente la necesidad de que cada transferencia de poderes a las autoridades locales esté acompañada por los recursos financieros necesarios. A la consigna que inspira la ley “una competencia, una administración”, le faltaría, por tanto, una tercera parte sustancial: “una competencia, una administración y una fuente de financiación”.

El Consejo también incide en la necesidad de corregir la falta de autonomía fiscal de los municipios. En España las autoridades locales dependen excesivamente de las transferencias estatales y regionales, y es aconsejable crear condiciones y políticas adecuadas para que la principal forma de ingresos de los municipios provenga de sus propios recursos y no tanto de las transferencias externas; una recomendación que resulta igualmente extensible a otros niveles de la administración española.

De especial relevancia resulta la llamada de atención de Europa a las dificultades de gestión que tienen los pequeños municipios en nuestro país, así como a la falta de procedimientos que permitan corregir la distribución desigual de los recursos financieros entre municipios grandes y pequeños, ricos y pobres. Europa recomienda sin tapujos la transferencia de recursos entre administraciones respondiendo a este criterio,  y quienes llevamos años, desde la periferia de la administración local, reclamando mecanismos de compensación financiera como los que solicita Europa, aplaudimos fervientemente esta consideración.

Por último, algunas recomendaciones de Europa van encaminadas a intensificar la democracia local en España, por ejemplo, al considerar que la distribución de competencias debe llevarse a cabo de conformidad con el principio de subsidiaridad; que debemos establecer diálogo con las comunidades teniendo en cuenta las características institucionales e históricas de algunas de ellas; y que, en caso de fusión de municipios, debería celebrarse un adecuado proceso de consulta ciudadana, debidamente organizada.

La primera reacción ante la lectura de este informe es de asombro. Acabamos de aprobar una nueva ley de reforma local y ya parece que  estamos, de nuevo, estancados.

Local and regional democracy in Spain

Actuar localmente. Análisis de la Reforma Local

Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales y prácticamente tres décadas de la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, la ley que ha regulado hasta hoy la gestión de los ayuntamientos. Muchas cosas han cambiado desde entonces y es pertinente plantear una reforma de la administración local. La Troika desde Europa y el PP desde el gobierno han diseñado, sin embargo, un escenario político con sobradas dosis de economicismo, improcedente para esta reforma.

La nueva ley elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se denomina Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Su tramitación parlamentaria ha tenido escasa repercusión pública, a pesar de que se trata de una de las reformas administrativas más profundas que se producirá en nuestro país en los próximos años. Ante el gran público, el debate sobre esta ley ha aparecido como un simple tira y afloja entre administraciones. Pero la ley, que entrará en vigor a principios del próximo año, trastocará sustancialmente el día a día de muchos pueblos y ciudades.

Esta reforma afecta a un grupo de instituciones olvidadas tradicionalmente por la alta política: entidades locales menores, municipios, diputaciones provinciales, comarcas, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas... Todas ellas ofrecen un catálogo de servicios de gran relevancia para la vida de los ciudadanos: políticas de igualdad y de género, servicios sociales, guarderías, vivienda, empleo, juventud, infancia, participación, dependencia, inmigración, transporte, formación... La reforma aborda las condiciones en las cuales estos servicios deberán ser gestionados por dichas instituciones en el futuro.

Muchas de las medidas plateadas afecta a la distribución de las competencias municipales. La ley persigue hacer efectivo el criterio “una Administración, una competencia”, pero no define con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las estatales y autonómicas. Se enumera un listado de materias que los municipios han de ejercer obligatoriamente como competencias propias, pero su determinación definitiva se reserva para normas posteriores.

En relación con las competencias consideradas impropias (prestadas por los municipios voluntariamente durante años, sin transferencia de recursos por parte de las administraciones competentes) se establece que no deberán ser asumidas por las entidades locales. Sólo en el caso en que dichas competencias no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local, se admitirá la prestación por parte del ayuntamiento.

Con esta reforma el gobierno pretende ahorrar 8.024 millones de euros para el período 2014-2019. Es fácil imaginar que dicho ahorro se conseguirá a base de reducir costes en la prestación de los servicios municipales. La ley no menciona explícitamente otra posibilidad. Para gestionar esta sustancial disminución de recursos de los ayuntamientos, la ley establece, entre otras medidas, que sean las diputaciones provinciales las entidades encargadas de gestionar determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes.

El gobierno recurre a los responsables de las diputaciones no por ser mejores gestores que alcaldes y concejales (la experiencia más bien demuestra lo contrario), sino porque desde las diputaciones, lejos de la presión de los ciudadanos y los destinatarios de los servicios, parece más fácil y efectivo reducir la calidad y cantidad de las prestaciones municipales. Pero el gobierno se equivoca gravemente al menospreciar las habilidades gestoras de los municipios. Durante años los ayuntamientos han desarrollo sistemas de administración que han resultado muy eficientes y los han convertido en las instituciones menos hipotecadas del ámbito público: la deuda municipal sólo representa el 6% del total de la deuda pública. Lamentablemente con esta reforma vamos a perder la oportunidad de trabajar con los mejores gestores públicos en la mejora de la administración local.

Por otra parte, no sabemos cómo se va a producir el traspaso de competencias de los miles de municipios a las diputaciones provinciales, ni cómo se va a evitar que este proceso se convierta en un verdadero despropósito. Tampoco tenemos la seguridad de que las diputaciones puedan garantizar la continuidad de los servicios.

Ante tanta incertidumbre es previsible que los servicios municipales traspasados a las diputaciones acaben siendo privatizados, lo cual es motivo de profundo desánimo entre gestores municipales, que llevan años de trabajo minucioso, silencioso y prácticamente vocacional. Y no sólo eso, un reciente informe del Tribunal de Cuentas  que analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, concluye literalmente que sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento.

Cabe decir, por otra parte, que como consecuencia del traspaso y la privatización de los servicios municipales, los ciudadanos perderán el derecho a pedir responsabilidades políticas por su gestión, porque los miembros de las diputaciones no son cargos electos, no se eligen por elección directa. Con toda probabilidad, el castigo político que se pueda derivar de la pérdida de calidad de los servicios, recaerá electoralmente en los representantes municipales que hasta ahora han sido prestadores, produciéndose así un grave déficit democrático.

Una ultima objeción al traspaso de competencias a las diputaciones. Se parte de la idea de que las diputaciones gestionaran más eficientemente al aplicar el criterio de economía de escalas (costes menores a escalas superiores). Y en efecto, muchos servicios municipales funcionan bajo este criterio, por ejemplo, el tratamiento de residuos urbanos y el transporte público, que ya funcionan en muchos casos mancomunadamente. Pero no todos los servicios que gestionan los ayuntamientos se adaptan a esta fórmula. Sólo cuando los costes fijos son muy altos y los costes variables bajos, la economía de escalas es eficiente (Ignacio Escañuela, “Una reforma local absurda”). Por tanto, habrá que estar atentos a esta consideración, y evitar que se produzcan traspasos a las diputaciones que no supongan un ahorro efectivo o que incluso puedan representar un incremento de costes.

Uno de estos servicios podrían ser los denominados servicios sociales. En nuestro país, más de 50.000 personas trabajan en los servicios sociales que prestan las corporaciones locales para atender a unos 7 millones de usuarios. Con la reforma local miles de ayuntamientos perderán la gestión de estos servicios y se convertirán en meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política. Las decisiones se tomarán lejos y las prestaciones se reducirán mucho.

El gobierno se ha percatado de la inoportunidad que supone desmantelar los servicios sociales pocos meses antes de las elecciones municipales (mayo de 2015) y generales (noviembre de 2015) y, de momento, ha aplazado ésta y otras medidas sensibles hasta el 31 de diciembre de 2015.  Pero a pesar de la inoportunidad y la falta de consenso político y social, el Ministerio de Hacienda se muestra dispuesto a seguir adelante con la reforma. Rechazó la mayoría de las 447 enmiendas que presentaron los grupos de la oposición. Algunos partidos han reclamado  la retirada total de la reforma, y otros se han mostrado dispuestos a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Algunas comunidades autónomas también están valorando esta posibilidad por entender que invaden las competencias que les otorgan sus estatutos. El mundo local se ha movilizado para la protesta. Asociaciones vecinales y de municipios, sindicatos, alcaldes y concejales protagonizaron concentraciones bajo el lema Defiende tu ayuntamiento, el 12, del 12, a las 12. Contra la reforma local. Algunos cargos públicos del PP también han manifestado públicamente sus reticencias.

Los opositores califican el proyecto como una ley anti-ayuntamientos y consideran que es una reforma parcial y autoritaria, que fomentará la pérdida de empleo público y las desigualdades en la financiación. Muchos la consideran un grave ataque al municipalismo y al papel que han jugado los municipios en la construcción de este país. Gran parte de los argumentos de los opositores han sido avalados por un demoledor informe del Consejo de Estado, obviado también por el gobierno.

A muchos sólo se les queda la posibilidad de esperar una derrota electoral del PP dentro de dos años para derogar la ley. Es la única alternativa que queda cuando los cambios legislativos se consiguen a base de autoritarismo. Las leyes requieren consensos sólidos, tiempo de elaboración y legisladores comprometidos con la sostenibilidad de las políticas. Si se tramitan por la fuerza de las mayorías parlamentarias, de forma rápida, insuficiente y mal trabajadas, el resultado final son leyes-acordeón que se inflan y desinflan dependiendo de algo tan volátil como los resultados electorales. Desgaste de tiempo, energía y recursos; oportunidades perdidas por falta de miras, madurez política y democrática; años de estancamiento y parálisis; desafecto ciudadano.

Los municipios necesitan mecanismos adicionales de refinanciación (sólo se les asigna el 13% del gasto público); un reparto de competencias por áreas y programas, no un sistema horizontal igual para todos; sistemas de evaluación de los servicios municipales inspirados en criterios sociales, no únicamente economicistas; gestión mancomunada de algunos servicios; ahorro, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; pero también, autonomía, descentralización, subsidiariedad, proximidad y rentabilidad social.

Una reforma de este alcance sólo sería posible con la participación de los tres niveles del Estado: central, autonómico y local; con un trabajo que profundice en la comprensión del papel que los pueblos y ciudades han jugado en el bienestar social. Sólo se alcanzaría si definitivamente se considerara a los ayuntamientos parte del Estado, en igualdad de condiciones con respecto a otras administraciones.

Esta ley tiene un problema conceptual de fondo: no se comprende bien la labor que ejercen los municipios. Los ayuntamientos conocen mejor que nadie las preferencias locales y mejor que nadie pueden dar respuesta a las necesidades. Si queremos que los ayuntamientos sean realmente eficientes debemos dejar que participen más, y no menos, en las decisiones de las políticas locales. Posiblemente con esta ley conseguiremos ahorrar costes pero, no cabe duda, que alejaremos a los ciudadanos un poco más de las instituciones públicas, justo en el momento en el que se requiere actuar localmente y con mayor proximidad.

Publicación de la ley en el BOE

Otro pacto que no llega

Durante el Debate sobre el Estado de la Nación, el pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución sobre Regeneración democrática y transparencia. En dicha resolución, diferentes fuerzas políticas admitieron la necesidad de elaborar un Pacto Ético sobre el tratamiento de los casos de corrupción y los encausados en este tipo de delitos.

El objetivo es loable y necesario. No debería, no obstante, obviarse la inclusión en dicho pacto de algunas consideraciones de carácter preventivo. Si bien es necesario regular el tratamiento que debe aplicarse a los políticos encausados por corrupción, tanto o más debería dedicar el Parlamento su atención y esfuerzo a prevenir que políticos honrados acaben sucumbiendo a estas prácticas detestables.

El Pacto Ético debe incluir, por tanto, normas que regulen la presente y futura conducta de los cargos públicos, de la cual depende, en gran parte, la salud de nuestras instituciones. Hay que apelar, una vez más, a valores fundamentales de la vida democrática, valores muy básicos que deberíamos haber aprendido en la niñez, la integridad, por ejemplo, o la responsabilidad, la profesionalidad y la ejemplaridad

Actuar con integridad es un principio elemental para todos aquellos que desean representar y administrar el interés general. Implica comportarse de manera justa y recta,  sin aspirar a obtener privilegios injustificados  a nivel personal, familiar o de partido, y requiere velar por el buen uso de los bienes públicos.

Fomentar la asunción de la responsabilidad implica distinguir entre la responsabilidad política y penal. El ejercicio de la política tiene sus propias normas y que hay que asumir las consecuencias no sólo legales, sino también políticas y morales de las acciones y las omisiones personales y, sobre todo, hay que estar dispuestos a dar cuenta de ellas.

Decir que la actividad política deber ejercerse con profesionalidad y eficacia resulta una obviedad pero no por ello debemos dejar de insistir. La adhesión a las propias ideas y a las del partido que se representa no debe impedir trabajar con objetividad y concentrarse en el interés general. El deber de ser imparcial en actividades clave como la adjudicación de contratos, la administración de los fondos públicos o la concesión de subvenciones, no puede ni debe estar sujeto a los vaivenes de la legítima lucha política.

Y, por supuesto, hay que tener muy presente la necesaria ejemplaridad con la que se debe ejercer cualquier cargo de responsabilidad. El comportamiento del político tiene un extraordinario valor de testimonio público, muchas veces ignorado y menospreciado por los propios políticos. De nada sirven los planes y los pactos anticorrupción si no vienen acompañados por el ejemplo de los representantes públicos en su práctica diaria, en las decisiones y en las formas que adoptan en cada momento.

Del contenido del Pacto Ético nada sabemos desde aquella resolución parlamentaria del mes de febrero. Son muchos los aspectos concretos de comportamiento que hay que regular. Al fin y al cabo los principios son sólo el principio.  La opinión pública está ofreciendo con su run run permanente numerosas y valiosas pistas nada despreciables. No será, por tanto, la dificultad lo que frene su avance. ¿Será acaso la voluntad?