La mayoría de los
españoles considera que los políticos no actúan de forma
honrada y la valoración que hacen de sus actuaciones es demoledora. La percepción
del alto índice de corrupción en la vida
pública española es masiva.
Tres estudios
demoscópicos recientes lo demuestran. En primer lugar, el Barómetro del CIS,
según el cual, los políticos son considerados el tercer problema del país y la
corrupción, el cuarto. En segundo lugar, el índice de percepción de
Transparencia Internacional (2012). Según dicho índice, España se encuentra en
el puesto 13º de la UE de Estados corruptos y en el 30ª del mundo, por detrás
de países como Alemania (13º), Francia (22º), aunque en mejor posición respecto
a Italia (72º) y Grecia (94º). En tercer lugar, el Eurobarómetro (2012), según
el cual el 88% de los españoles considera que la corrupción es masiva en la
vida pública.
Un 70% la población
considera que hemos llegado a esta situación debido a una profunda crisis de
valores cívicos y morales. Predomina el deseo de enriquecerse y la forma de
conseguirlo resulta indiferente. Esta deriva está desmoralizando a la sociedad
española, que exige en su mayoría (90%) la adopción inmediata de soluciones para evitar que nuestra credibilidad en el mundo quede dañada irremediablemente en el peor momento de nuestra economía.
La corrupción
amenaza también la estabilidad social, la autoridad de la ley y las instituciones públicas;
la ética, la justicia y el bienestar; aleja a los ciudadanos de la política
y los acerca a la frustración, la indignación y la desconfianza.
El puñado de
políticos corruptos que ha llevado al país a esta grave situación es una
minoría, frente a aquellos que ejercen sus funciones con responsabilidad y
ejemplaridad. Luchar contra la corrupción urge para evitar la demonización
de la clase política y del sistema democrático.
La responsabilidad
de definir y aplicar las políticas anticorrupción corresponde a las
instituciones públicas y a los partidos políticos. A ellos debemos exigir
voluntad y compromiso firme. Pero la prevención y la erradicación de la
corrupción requieren necesariamente el apoyo, la cooperación y la participación
de toda la sociedad civil.
La oportunidad del
momento que vivimos radica en el debate público que se está produciendo en los
medios de comunicación. Cada día surgen interesantes aportaciones de
ciudadanos, expertos, entidades, instituciones, profesionales, académicos... La
próxima semana tendrá lugar el Debate del Estado de la Nación, una excelente
oportunidad para que los partidos parlamentarios demuestren su interés real por
la política anticorrupción. Se equivocarán aquellos que enfoquen el Debate desde
el “Tú eres más (corrupto)” o el “Yo propongo más (medidas)”.
Atendiendo a la
madurez de la sociedad española, deberían proponer una metodología para la
elaboración de un Plan de Acción contra la Corrupción, contando con la
participación de todos los sectores sociales con capacidad y voluntad de
sumar. El Plan no debería contener únicamente medidas sino, sobre todo, procesos de mejora continua, instrumentos y
estructuras que contribuyan a la creación de una nueva cultura de la integridad y la gobernabilidad. Podría también ser necesaria la aprobación de una Ley contra la
Corrupción que aporte solidez a un proceso que, sin duda, requerirá años y esfuerzos por parte de todos.
Con el ánimo de contribuir
en el actual debate público, aportaremos desde aquí algunas reflexiones sobre una posible política estratégica contra la corrupción en diferentes ámbitos: 1) Justicia, 2) Vigilancia, 3) Fraude, 4) Cooperación, 5) Transparencia, 6) Partidos, 7) Elecciones, 8) Ejemplaridad.
Ilustración: Monumento Corrupción, de Wakal.
