Una de la reacción institucional y ciudadana de mayor repercusión ante la corrupción política es la
demanda de una mayor transparencia en la actuación gubernamental. Es evidente
que las instituciones democráticas son las más efectivas a la hora de controlar
la acción de los políticos y prevenir el mal uso y abuso del poder, pero los
sistemas democráticos tienen todavía importantes niveles de opacidad generadores
de corrupción política.
Como consecuencia
de la insistente demanda de la ciudadanía, el concepto de transparencia se ha
incorporado definitivamente en el pensamiento político actual. Distintos
gobiernos en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para impulsar y
llegar a cabo estrategias ligadas al concepto de “Gobierno Abierto” (Open Government), cuyo principal
objetivo está ligado a la mejora de los niveles de transparencia, mediante la
apertura de datos e información del sector público. Con ello se pretende
facilitar el control social y la rendición de cuentas por parte de los políticos. Así mismo, se
desea facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación
de las políticas públicas y crear nuevos espacios de colaboración entre la
sociedad civil, el sector público y el sector privado. Todas estas medidas van
encaminadas a la mejora del sistema democrático y a incrementar los niveles de
confianza entre representantes y representados, tan malogradas por la
corrupción política.
La iniciativa de
Gobierno Abierto ha entrado en la actualidad en una fase de promoción global e
internacional, a través del Open
Government Partnership,
una asociación que reúne a los líderes de 50 países de los cinco continentes y a la que España se sumó. Nuestro país,
después de 35 años de democracia, es el único país de la Unión Europea , de más de un
millón de habitantes, que no cuenta con leyes que regulen el acceso de los
ciudadanos a la información pública. Recientemente,
el 26 de julio de 2012, el Gobierno de España aprobó el anteproyecto de Ley sobre
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Dicho anteproyecto de ley
fue sometido a información pública para obtener sugerencias de la ciudadanía
que permitieran su mejora. Durante el período de 15 días de información
pública, la página web ministerial recibió casi 80.000 visitas y los ciudadanos
enviaron más de 3.600 contribuciones. Estas cifras indican claramente el
interés de la ciudadanía por la mejora de los niveles de transparencia en
nuestro país.
No hay duda que
esta ley representa un avance considerable en la “publicación preactiva” de la
información pública. Las instituciones dependientes del Estado deberán publicar
datos de gran relevancia, por ejemplo, datos sobre el personal, las leyes, los
presupuestos y gastos, los sueldos de altos cargos, las ayudas públicas y
contratos concedidos, etc. También se crearan unidades especializadas para
recabar, difundir y tramitar la información, y no será necesario incluir en las
solicitudes de información los motivos por los que se reclaman los datos
solicitados.
Pero el
anteproyecto de ley tiene importantes deficiencias y restricciones que pueden
impedir que España cumpla con los convenios internacionales sobre
transparencia, como el del Consejo Europeo de Acceso a Documentos Públicos. Quedarán fuera de esta
norma, por ejemplo, los informes técnicos en los que se apoyan las decisiones políticas
y los documentos que remiten los grupos de presión. Quedan excluidos, también, la Casa Real , las funciones
no administrativas de los poderes legislativo, judicial y órganos constitucionales,
así como los partidos políticos, sindicatos y receptores de ayudas públicas. No
se acaba con el silencio administrativo (si en un plazo no se contesta una
petición de información del ciudadano, “se
entenderá que la solicitud ha sido desestimada”, art. 17), ni se reconoce
el acceso a la información como un derecho fundamental, inherente al derecho de
la libertad de expresión. Por otra parte, Ley de Transparencia se mezcla con la del Buen Gobierno ,
resultando así excesivamente compleja y amplia, quedando fuera importantes
aspectos sin tratar.
Desde nuestro
punto de vista la transparencia se logra, entre otras medidas, con: 1. Claridad
en la gestión. 2. Funcionamiento eficaz y transparente de los órganos de
control y fiscalización de los diferentes espacios normativos del Estado. 3.
Claridad en el manejo y el destino de los fondos públicos. 4. Rendición
periódica de cuentas por parte de autoridades y directivos de entidades y
organismos públicos. 5. Exhibición de las declaraciones juradas de renta de
funcionarios públicos, antes y después de su gestión pública. 6. Funcionamiento
eficaz y honesto de los órganos de control y vigilancia en las entidades
privadas (asociativas, empresariales, bancarias). 7. Participación ciudadana en
la lucha anticorrupción, y 8.Creación de las oficinas de recepción de denuncias
ciudadanas contra la corrupción en las entidades públicas[1].
El conjunto de estas medidas deben estar orientadas a establecer lo que Guillermo O'Donnell [1] denominó 'accountability' (transparencia y rendición de cuentas) tanto horizontal como vertical. Según O'Donnell para que la accountability horizontal sea efectiva deben existir agencias estatales autorizadas y dispuestas a supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar actos ilícitos de otras agencias del Estado. "La accountability horizontal no es producto de agencias aisladas sino de redes que incluyen en su cima un poder judicial comprometido con esa accountability", considera. En cuanto a la accountability vertical, O'Donnell la relaciona precisamente al control y fiscalización que pueden ejercer la ciudadanía y las organizaciones sociales de base frente a las entidades públicas de gobierno.
Más allá de medidas concretas, diríamos, no obstante, que la demanda de una mayor transparencia gubernamental refleja básicamente un grave problema de comunicación y desconfianza entre representantes y representados. En la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas[2] encontramos un esfuerzo destacable por solucionar este tipo de problemas complejos del sistema social actual. Entiende Habermas por acción comunicativa aquella acción en la que dos sujetos (en nuestro caso, políticos y ciudadanos), ambos con capacidad de lenguaje y acción, entablan una relación interpersonal. El elemento central de dicha relación es la negociación que permitirá lograr un consenso entre ambos, un acuerdo racionalmente motivado, sin intervención de ningún tipo de coacción. Pero la idea de “consenso” resulta inseparable a las ideas de conflicto y disenso, puesto que el conflicto solamente puede surgir después de la controversia y la discusión.
El conjunto de estas medidas deben estar orientadas a establecer lo que Guillermo O'Donnell [1] denominó 'accountability' (transparencia y rendición de cuentas) tanto horizontal como vertical. Según O'Donnell para que la accountability horizontal sea efectiva deben existir agencias estatales autorizadas y dispuestas a supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar actos ilícitos de otras agencias del Estado. "La accountability horizontal no es producto de agencias aisladas sino de redes que incluyen en su cima un poder judicial comprometido con esa accountability", considera. En cuanto a la accountability vertical, O'Donnell la relaciona precisamente al control y fiscalización que pueden ejercer la ciudadanía y las organizaciones sociales de base frente a las entidades públicas de gobierno.
Más allá de medidas concretas, diríamos, no obstante, que la demanda de una mayor transparencia gubernamental refleja básicamente un grave problema de comunicación y desconfianza entre representantes y representados. En la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas[2] encontramos un esfuerzo destacable por solucionar este tipo de problemas complejos del sistema social actual. Entiende Habermas por acción comunicativa aquella acción en la que dos sujetos (en nuestro caso, políticos y ciudadanos), ambos con capacidad de lenguaje y acción, entablan una relación interpersonal. El elemento central de dicha relación es la negociación que permitirá lograr un consenso entre ambos, un acuerdo racionalmente motivado, sin intervención de ningún tipo de coacción. Pero la idea de “consenso” resulta inseparable a las ideas de conflicto y disenso, puesto que el conflicto solamente puede surgir después de la controversia y la discusión.
Según Habermas para que una acción
comunicativa sea efectiva, los objetivos tienen que ser claramente expresados,
sin interfugios, todos los interlocutores deben intervenir en un plano de
igualdad, y todos han de activar la posibilidad de llegar a un entendimiento
razonado. Más allá de la elaboración de normativas y regulación de reglas,
encontramos aquí, una serie de requisitos imprescindibles para el avance de la
transparencia y la comunicación entre ciudadanos y responsables públicos.
Cuando se reclama
más transparencia en la acción de gobierno habitualmente se reclaman datos e
información pero, en el fondo, la demanda social es otra. Los ciudadanos necesitan
constatar por ellos mismos la validez de los mensajes de los representantes
públicos. Habermas distinguió tres tipos de pretensión de validez en toda
comunicativa: la verdad, la veracidad y la rectitud. La verdad
siempre ha sido la gran aspiración del conocimiento humano pero Habermas
considera que la veracidad y la rectitud no deben serlo menos, especialmente en
el ámbito de las interrelaciones entre los individuos.
- La verdad queda recogida en aquellos enunciados que pretenden captar fielmente los acontecimientos y los hechos del mundo objetivo. Se ajustarán a la pretensión de verdad cuando la relación entre los enunciados y los hechos es adecuada.
- La validez queda plasmada en aquellos enunciados de tipo expresivo que tratan de las vivencias de los hombres y hacen referencia al mundo sujetivo. Reflejan el mundo interior y se basan en la sinceridad y la veracidad de la acción.
- La rectitud afecta a aquellos enunciados que se adecuan a las normas y las reglas del mundo social.
La exigencia de la
ciudadanía de conseguir mayor transparencia gubernamental, en realidad
manifiesta el deseo de obtener mayores niveles de estos tres tipos de pretensiones
de validez en las acciones comunicativas de la clase política. No sólo se desea
comprobar la rectitud de la información y los datos que maneja el gobierno (adecuación
a las normas), ni se aspira sólo a la verdad de sus enunciados (relación
adecuada entre enunciados y hechos), sino que también se pretende constatar que
son informaciones válidas y se sustentan en la sinceridad, incluso personal, de
los representantes públicos. La aspiración real de la transparencia
gubernamental es la sinceridad, la misma que se espera habitualmente en las
relaciones cotidianas entre individuos. No es suficiente cumplir ciertas reglas
de transparencia. Las relaciones entre representantes y representados son
experiencias vitales y en la medida que no están basadas en la confianza y en la
sinceridad, acaban convirtiéndose en fricción y desafección. En una sociedad
abierta y democrática se requiere la existencia de una verdadera interacción
cooperativa entre la administración, las instituciones y los ciudadanos. Hace
muchos años Kant lo expresó de la siguiente forma: “Las acciones referidas al
derecho de otros hombres, cuyas máximas no admiten publicidad, son injustas”.
La transparencia resulta a veces una palabra opaca.
ResponderEliminarLa sinceridad es mejor generadora de confianza.
Un saludo Carmen.
Me alegra coincidir contigo. Gracias, Izara!
Eliminar